El Alba, una alternativa del sur (página 2)

La
agricultura en
el ALBA: mucho
más que un sector productor de
mercancías

La exigencia de reducción de las políticas
proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los
principales países industrializados no puede convertirse
en una exigencia generalizada de liberalización de
comercio de
productos
agrícolas. Para muchos países de América
Latina y El Caribe la actividad agrícola fundamental para
la supervivencia de la propia nación.
Las condiciones de vida de millones de campesinos e
indígenas se verían muy afectados si ocurre una
inundación de bienes
agrícolas importados, aún en los casos en los
que no exista el subsidio.
Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho
más que la producción de una mercancía. Es,
más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico
para la preservación de opciones culturales, es una forma
de ocupación del territorio, define modalidades de
relación con la naturaleza,
tiene que ver directamente con los temas críticos de la
seguridad y la
soberanía alimentaria. Por lo tanto, no
puede ser tratado como cualquier otra actividad económica
o cualquier producto.
El Articulo 305 de la Constitución dé la República
Bolivariana de Venezuela
indica: "El estado
promoverá la agricultura sustentable como base
estratégica del desarrollo
rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad
alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos en el
ámbito nacional el acceso oportuno y permanente a estos
por parte de los consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y
privilegiando la producción agropecuaria interna,
entendiéndose como tal la proveniente de las actividades
agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA
producción de alimentos es de interés
nacional y fundamental al desarrollo
económico y social de la Nación.
A tales fines el Estado dictara
las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia de la tierra
infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que
fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el
marco de la economía nacional e
internacional para compensar las desventajas propias de la
actividad agrícola". Parte importante de la pobreza y la
marginalidad
de nuestros pueblos se concentra en la población que
habita las zonas rurales que subsiste con base en la actividad
agrícola o actividades alrededor de la
agricultura.

Esa población es finalmente la más castigada con el
des-balance de partida para la negociación de la agricultura y lo seria
más si se excluyen de la negociación los aspectos
que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de la que gozan los países
desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los
países en desarrollo al querer limitar el margen de
acción
para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de
políticas de apoyo sistemático a la agricultura con
la cual consiguen distorsión en los precios en los
mercados
mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de
juego
aún permanecería desnivelado: La infraestructura y
el aparato productivo y tecnológico establecido y operado
en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas
todavía nos dejan en desventaja.
Por todas estas razones, la situación sobre las
negociaciones sobre la agricultura para el ALCA
constituye un objeto más de preocupación de gran
trascendencia para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la
declaración ministerial de San José
estableció claramente entre los objetivos de
las negociaciones para este sector importante de la
producción el de "eliminar los subsidios a las exportaciones
agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio", y el
de "identificar otras prácticas que distorsionen el
comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que
tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las
exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina"
También se acordó por consenso en la misma
oportunidad que "Las negociaciones se iniciarían
simultáneamente en todas las áreas
temáticas. El inicio, la conducción y el resultado
de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como
partes de un compromiso único (single undertaking) que
incluya los derechos y obligaciones
mutuamente acordados"
Sin embargo desde el inicio de la negociación de los
textos para el proyecto de
tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el
marco del ALCA los subsidios a las exportaciones de productos
agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el
comercio y la producción de productos agrícolas,
con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a
los subsidios a las exportaciones.
Se expresa allí la doble moral de las
grandes potencias que exigen a los países en vías
de desarrollo renunciar al uso de las políticas
públicas para promover el desarrollo de sus aparatos
productivos mientras que por otro lado aplican ruinosos subsidios
a favor de sus aparatos productivos. La insistencia en tal
posición, a todas luces contraría los principios y
objetivos pautados para emprender la conformación del
ALCA, principios y objetivos que compartimos y nos alentaron a
participar en la negociación.
Este tema fue motivo de un gran debate en la
última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya
declaración finalmente todos los países
reconocieron "la importancia de la agricultura para las
economías de la región, cuyo tratamiento integral y
no discriminatorio en las negociaciones del ALCA
contribuirá a generar empleo a
reducir la pobreza y
favorecer la estabilidad social", por lo cual reafirmaron "el
compromiso hemisférico con la eliminación de los
subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de
productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de
disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las
otras prácticas que distorsionan el comercio de productos
agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos
equivalentes a los subsidios a las exportaciones
agrícolas", señalando en particular "que nuestra
respectiva evaluación, por país o grupo de
países, de los resultados de las negociaciones de acceso a
mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso
que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la
agenda agrícola."
Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por
este Comité de Negociaciones Comerciales en su
reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de
Negociación sobre Agricultura "intensificar los debates
sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a
los subsidios a las exportaciones y a todas las otras
prácticas que distorsionan el comercio de productos
agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos
equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas,
sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al
tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y
Quito"
Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre del
año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de
la negativa de los Estados Unidos a
comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen
las exportaciones agrícolas, a trabajar en la
regulación de las condiciones de los créditos, garantías de
créditos y programas de
seguro a las
exportaciones agrícolas y a trabajar para la
disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la
agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la
eliminación de los aranceles
agrícolas se han establecido plazos perentorios que han
obligado a muchos países a realizar un esfuerzo importante
para cumplirlos.

Lamentablemente los países que han cumplido con
puntualidad estas entregas de oferta para
demostrar su voluntad de negociar la agricultura hoy se sienten
burlados ante la negativa de los Estados Unidos de eliminar los
subsidios que otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada muestra un gran
des-balance de gran magnitud en la negociación y una
perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el
estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es
aceptable un des-balance de tal naturaleza. No es aceptable que
la agricultura se circunscriba exclusivamente a la
eliminación de los aranceles por parte de los
países en vías de desarrollo mientras las
principales potencias se niegan a eliminar los subsidios y ayudas
internas.
Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones
de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la
producción de su agricultura, ocasionando fuerte
distorsiones en el precio de los
productos agrícolas en los mercados mundiales.

Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las
exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos
precios subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso
efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del
hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en
nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se
hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así
como se nos quitan mercados en terceros países para los
productos agrícolas que pudiéramos de otra forma
exportar.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos
financieros que disponen los países desarrollados para
apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de
política
para apalear los efectos perversos de las distorsiones de los
precios internacionales, instrumentos que se nos solicita
eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados.
Solamente el enorme contraste en el tamaño de las
economías que integran el continente, nos sitúa en
desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados
significa muy poco para la expansión de la agricultura de
los países desarrollados, solo una pequeña
fracción de aumento o desvió de las exportaciones
hacia nuestros países significa una conmoción de
precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una
parte importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los
subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren
disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la
perdida de sus mercados en el mundo, fuera del continente y
proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito
multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora
en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser
equitativos no queda otro camino que también negociar el
acceso a los mercados para los productos agrícolas en el
mismo foro
multilateral, y solo luego de que conozcamos plenamente los
verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas del
Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios
y las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución
y disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto
podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.

¿Derechos de propiedad
intelectual o derechos de los pueblos a medicamentos y
alimentos de buena calidad?

La propiedad
intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa
más nítidamente la oposición de intereses
entre las grandes corporaciones internacionales y los
países pobres del Sur, especialmente las poblaciones
campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que fueron denominados "asuntos relacionados con el
comercio", se estableció un amplio régimen de
protección de la propiedad intelectual en condiciones muy
desventajosas para los países el Sur. A pesar de la
resistencia
inicial, los países del Norte lograron imponer un
régimen obligatorio y global de protección de la
propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de
propuestas formuladas por las transnacionales
farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los
países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas
del Norte residen precisamente en las áreas
científico-tecnológicas. El régimen
internacional de definición y protección de la
propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance.
Protege aquello en lo cual los países más fuertes
tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin
protección aquello en lo cual los países y pueblos
del Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética
de sus territorios y en el
conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y
aborígenes.
Antes de estas negociaciones más de 50 países no
tenían regimenes legales de protección de patentes
sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados
internos podían ser surtidos por medicamentos
genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las
empresas
dueñas de las patentes.
La comparación de los precios de los medicamentos en la
India con
países en los cuales existe la protección de
patentes farmacéuticas, indica que en éstos los
precios son hasta 41 veces más altos. La industria
farmacéutica de la India es una industria floreciente de
más de 20 mil empresas, produce medicamentos de alta
calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de
ingresos y
desempeña además un papel importante en la
generación de empleo.
Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo
en forma acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad
intelectual de la
Organización Mundial de Comercio obligan a todos los
países después de un período de gracia para
los países "menos desarrollados" a establecer
regímenes de patentes que garanticen la protección
estricta de la propiedad intelectual.
Así pues, los días de los medicamentos
genéricos están contados. Como consecuencia de los
derechos monopólicos otorgados por tales acuerdos, las
compañías farmacéuticas pueden eliminar la
competencia y
cobrar precios más allá de la posibilidad de pago
de millones de personas.
A partir de diversos estudios se ha calculado que
ocurrirían no solo aumentos significativos de precios como
consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente
una notoria reducción del consumo:
amplios sectores de la población quedarían
excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es
ilustrativo: la introducción de patentes en los
medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces,
comparado con los medicamentos sin patentes. Se tenderá
igualmente a la quiebra de
medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al
incremento de los niveles de monopolización de la
actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados
genéricamente están en manos de 13 trasnacionales,
y las 5 compañías agroquímicas más
grandes controlan casi todo el mercado global
de semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas
formas de vida, y la apropiación/expropiación del
conocimiento
campesino/comunitario por parte de las grandes
transnacionales de semillas y agroquímicos, están
cambiando aceleradamente los patrones de producción
campesinos en escala global.
Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez
más dependientes de la compra de costosos insumos de las
transnacionales.
La "libertad de
comercio" impuestas crecientemente por los intereses de estas
transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta
conduciendo hacia una reducción de la variedad
genética de muchos de los principales cultivos
alimenticios.
Esta reducción de la diversidad genética, asociada
a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un
control extremo
de tipo fabril sobre cada fase del proceso
productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el
uso intensivo de agroquímicos- reduce drásticamente
la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas
ecológicos.
Producto de este régimen legal global de
biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la
expropiación no reconocida de los conocimientos y/o
recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas
patentes han sido particularmente escandalosas como la de
ingredientes activos del
árbol de neem que han sido ampliamente utilizados para muy
diversas aplicaciones en la India durante centenares de
años.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos
críticos para el presente y futuro de la humanidad que
están siendo afectados por los acuerdos de derecho a la
propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más
dinámicos de concentración del poder y
acentuación de las desigualdades que caracteriza las
actuales tendencias hegemónicas de la
globalización.

¿Cómo enfrentar la
liberalización, desregulación y privatización de los servicios?

En el ALCA se propone un conjunto de normas
multilaterales que, aparentemente, ordenaran el comercio
internacional de servicios. Pero lo que realmente se pretende
es la liberalización, desregulación y
privatización progresiva de los servicios esenciales para
la sociedad y que
suponen una obligación de los estados y gobiernos con sus
ciudadanos.
Este proceso de liberalización abarcaría toda la
amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de
salud, educación, seguridad
social, agua potable,
transporte,
correo, servicios municipales, medio
ambiente, cultura,
recursos
naturales, etc. De esta forma se restringiría de una
vez y para siempre la intervención del Estado a
través de medidas gubernamentales que regulen el comercio
de servicios: desde los limites a la legislación
laboral y la protección del consumidor,
incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones,
calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites
gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades
económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del
libre mercado las
cuales postulan que una mayor apertura de los mercados
potenciaría las posibilidades de los países en
desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios
que demandan sus ciudadanos.
La historia reciente
de Venezuela y América
Latina es la de una violenta ola de privatizaciones de servicios tales como el
transporte aeronáutico, las telecomunicaciones o la electricidad. Las
consecuencias de esta entrega de servicios al mercado
están a la vista de todos: prácticas
monopólicas u oligopólicas y la consiguiente alza
en los precios y disminución de su calidad;
destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y
dilapidación de los recursos públicos en procesos de
privatizaciones amañados.
En el ALCA se pretende extremar estos procesos de
liberalización y privatización al incluir
también los servicios esenciales que suponen una
obligación del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios
pasarían a ser suministrados por empresas privadas y
transformarían a todos los ciudadanos en simples
consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por
estos servicios, quedarían excluidos de su consumo y
disfrute.
Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el
ALCA serían las grandes multinacionales que
convertirían los servicios
públicos de todo el mundo en mercados privados. Y los
perjudicados serían los de siempre: los sectores
más empobrecidos y de máxima exclusión
social. Las grandes empresas de fines lucrativos
accederían a los recursos públicos y
lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para
los países en vías de desarrollo esto se
traduciría en el desmantelamiento total y absoluto de los
servicios públicos.
La severa crítica
a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido
eco enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta
acepta que los servicios en manos del Estado mejorarían si
se entregaran al mercado. Nadie niega la necesidad de mejorar la
eficacia de
los servicios públicos, pero la panacea no es su
liberalización y privatización. La solución
esta en derrotar a los evasores de impuestos que se
apropian de los recursos financieros necesarios para mejorar su
calidad y, por su puesto, mejorar su gestión
para asegurar el acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo
que resulta inadmisible es que se manipule su situación de
deterioro para justificar procesos de privatización que le
facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios
públicos esenciales.
Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica
según la cual la liberalización de los servicios
desencadenaría una mayor competitividad
que contribuiría a mejorar la eficacia en la
prestación de los servicios; un mayor grado de desarrollo
de los mismos y finalmente un ahorro a favor
de los consumidores. Pero después de más de una
década de apertura, liberalización y
privatizaciones, esta claro que el objetivo es la
generación de más beneficios para las grandes
corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de estos
servicios en una escala global a costa de excluir de servicios
públicos a millares de personas en todo el mundo que no
puede pagar lo que se exige para tener accesos a los mismos.
El Gobierno
Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de
liberalización, desregulación y
privatización que limiten la capacidad del estado y del
gobierno para diseñar y ejecutar políticas en
defensa del derecho de nuestros pueblos a tener acceso a
servicios esenciales de buena calidad y buenos precios.
Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios
del mercado y que deben ser los mecanismos del mercado –es
decir las leyes de la
oferta y la demanda– los
que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea
la liberalización y privatización de los servicios
públicos.
Cualquiera de los tres casos supondría la
eliminación de millones de personas del disfrute de
servicios públicos esenciales para la sobre vivencia
humana.
Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios
públicos son para satisfacer las necesidades de las
personas, no para el comercio y el beneficio económico.
Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por
criterios de rentabilidad
sino de interés social.
De hecho, representan uno de los derechos sociales más
significativos alcanzado por los pueblos a lo largo de la
historia y son indispensables para corregir las desigualdades
sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios
públicos debe regirse por las necesidades sociales del
individuo y no
por su capacidad de pago.
La liberalización de los servicios en el ALCA
traería consecuencias catastróficas si se exige la
aplicación del "Trato Nacional". Esto quiere decir que se
deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se
otorgan a las pequeñas empresas y cooperativas
nacionales. No se podrá dictar ninguna medida que de
preferencias a la producción local o que discriminen a
empresas extranjeras. Otro aspecto al que se le debe prestar
mucha atención es al de "Acceso a mercados" ya
que aquí se obliga a los países a no poner
ningún tipo de barrera al ingreso al mercado nacional de
cualquier proveedor de servicios del extranjero en los sectores
que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no
podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de
servicios. Las transnacionales quieren llevarnos a jugar en su
propia cancha para que, en lugar de reclamar soberanía y
justicia en la
prestación de los servicios esenciales para la
población, no sumemos a facilitar "acceso a mercados" como
si fuera el clamor de nuestra gente.

Autor:

Lic. Raciel García Ceballo.

CENTRO: SEDE UNIVERSITARIA MUNICIPAL. SAN JUAN
Y MARTINEZ. HERMANOS SAIZ.

DIRECCIÓN: CALLE HERMANOS SAÍZ
S/N SAN JUAN Y MARTÍNEZ, PINAR DEL RÍO,
CUBA.

DATOS GENERALES.

Nombre y Apellidos: Raciel García
Ceballo

Especialidad: Ciencias
Sociales

Grado Científico: Licenciado

Categoría docente: Asistente

Dirección Particular: Comunidad Guillen
# 76, San Juan y Martínez, Pinar del
Río.

Raza: Blanca.

Integración Revolucionaria: UJC 1979, PCC
1992, CDR 1984, ACRC 1995, U/R 2001, UNHC 2005.

Centro de Trabajo: Sede
Universitaria Municipal ¨ Hermanos Saíz Montes de Oca,
San Juan.

Cargo que ocupa: Coordinador de la Carrera de Sociología

Años de servicio en la
docencia: 10
años

2006

"AÑO DE LA REVOLUCION ENERGÉTICA EN
CUBA "